El final de 2021 y principio de 2022 nos ha obsequiado con dos iniciativas relacionadas con la estructura organizativa de la Administración General del Estado (AGE).
Por un lado, y como nos ha contado en varias entradas Sergio Jiménez, la habilitación legal para la creación de la Agencia Estatal de Transformación Digital, proceso totalmente autónomo respecto de cualquier otra iniciativa conocida sobre el diseño organizativo de la AGE, consolidando la a mi juicio errónea idea de que las TICs deben responder a un modelo de gobernanza totalmente independiente y aislado del diseño del resto de estructuras de carácter transversal de las grandes organizaciones (ver el Manifiesto para la Digitalización de las Administraciones Públicas para una mayor, aunque escueta, explicación de cómo se debe abordar la arquitectura institucional dentro de un proceso de digitalización o transformación).
Por otro lado, y con mucha menos cobertura mediática que la que en su día tuvo el lanzamiento de la iniciativa, se ha publicado el resultado del grupo de análisis y propuesta de reformas en la Administración Pública. Se trata de un libro con 13 propuestas, todas ellas muy reseñables y sin duda de recomendable implantación, pero que, trayendo el simil de las antiguas quinielas al número de propuestas realizadas, le ha faltado una, si acaso la más importante, para acertar los catorce. Al igual que en el caso de la Agencia Estatal de Transformación Digital, el grupo de expertos, entre los que más allá de la presidencia del grupo y del secretario y coordinador no encontramos ningún funcionario de la AGE en activo, no ha considerado pertinente ocuparse de la organización de los asuntos horizontales, también llamados servicios comunes, de los Departamentos Ministeriales.
