Es una realidad incontestable la omnipresencia de los sistemas de información en nuestro día a día. Aunque en un modelo de adopción más lento de lo necesario, pero acelerado por mor de la pandemia, esa tendencia también es visible en las Administraciones Públicas, de forma que es una rareza aquel servicio o procedimiento público donde los sistemas de información no estén involucrados en mayor o menor medida. Tanto es así, que hasta lugares donde la forma es casi tan importante como el fondo y donde la legitimidad del proceso se basa en el procedimiento a seguir, la digitalización también reclama su espacio.
Esa ubicuidad de los sistemas de información y por tanto del software, implica que sea necesario abrir la mirada acerca de las consideraciones a tener en cuenta a la hora de su desarrollo y explotación. Si hace tiempo que la necesidad de disponer de sistemas 24x7 es asumida como algo natural de cualquier sistema de información, la necesidad de disponer de datos que aseguren a posteriori el buen funcionamiento de los mismos empieza a imponerse.
Cada vez es más frecuente el recibir peticiones que vengan a demostrar el correcto funcionamiento de los sistemas de información para que consten en algún recurso administrativo o procedimiento judicial. La siguiente barrera, la de la presencia mediática, se sobrepasó la pasada semana con la votación en el Congreso de los Diputados de la convalidación del Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reforma, donde un diputado del Grupo Popular puso en duda el buen funcionamiento del sistema de votación.
A partir de ese momento se abrieron grandes discusiones sobre la posibilidad de que lo apuntado por el diputado pudiera ser o no posible. Ni los casi 10 años que el sistema lleva funcionando -supongo que durante ese tiempo habrá sufrido evoluciones o incluso algún reemplazo integral- ("3.000 votaciones celebradas en el Congreso de febrero de 2020 a febrero de 2022, con más de un millón de votos emitidos"), ni las comprobaciones a posteriori realizadas en razón de que la mayoría de las votaciones se realizan a través de votaciones no secretas, de forma que la propia publicidad del voto emitido facilitan el contraste tanto del propio diputado como de los grupos parlamentarios para asegurar que sus componentes votan según las directrices marcadas, ni los distintos procedimientos de comprobación de voto que se han venido poniendo en práctica, pudieron calmar a la insaciable opinión pública respecto de la confiabilidad del sistema (dejando eso sí de lado las fake news o estrategias políticas que usan los medios de comunicación).
Por ello, como responsables de la gestión de los sistemas de información debemos ser conscientes de esa nueva demanda social acerca de la trazabilidad de los sistemas de información. Como comentaba con anterioridad, a los requisitos habituales o recientemente incorporados a los sistemas de información (24x7, seguridad en el diseño, protección de datos, ...) es necesario incorporar la trazabilidad del funcionamiento del sistema de información y otras cuestiones que de ello se derivan, como por ejemplo la gestión de grandes volúmenes de datos y su tratamiento y análisis.
Por otro lado, esa gestión de la trazabilidad debe realizarse no bajo el punto de vista que la información que se vaya a utilizar en procedimientos judiciales a través de expertos informáticos, si no que deben ser comprensibles y entendibles por la ciudadanía, de forma que no dejen espacio a que aquellos alejados a las TIC puedan siquiera imaginar que existe una mínima posibilidad de manipulación.
El uso cada vez más extensivo de los sistemas de información en los servicios y procedimientos públicos y en pilares esenciales de nuestro sistema democrático hacen necesario que los sistemas de información vengan a ayudar a la consolidación y legitimización de nuestro sistema institucional.
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