¿El fin de la globalización marca el principio de una economía más planificada? Una nación data driven

 Mucho se ha hablado sobre si los dos últimos acontecimientos con impacto global (pandemia provocada por la COVID19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia) van a marcar el fin de un periodo económico basado en la globalización y la existencia de flujos globales de intercambio e interdependencia de las cadenas de producción. O siendo menos pretencioso en los vaticinios para no caer en el ridículo de aquel "hay que refundar el capitalismo" que ni siquiera llegó a ser gatopardiano, si vamos a experimentar un replanteamiento de esas cadenas de producción, fortaleciendo la soberanía nacional en ciertos productos o sectores y la potenciación de las industrias nacionales.

Sala Opsroom desde donde se pretendía controlar y planificar la economía chilena durante el mandato de Salvador Allende

 

Si se confirma esa tendencia, lo que hasta ahora se dejaba en manos del mercado por ser el mejor y único mecanismo de asignación de recursos, o expresado de una manera más directa, dónde y cuánto produces, pasa a ser una cuestión de cada estado o en el caso español, un asunto a tener en cuenta con perspectiva europea. La aceptación y adopción de este nuevo paradigma tiene múltiples implicaciones en las administraciones públicas, muchas de ellas de gran complejidad en su traslado a España, por cuanto somos uno de los países más descentralizados del mundo.

La experiencia nos dice que ni España, ni ninguno de los países con los que compartimos fuertes nexos económicos y/o institucionales va a abandonar la economía de mercado, ni siquiera a revertir los procesos de privatización de las grandes industrias. No parece, salvo sorpresa trumpiana, que se vaya a virar el rumbo de forma radical basado en la autarquía. Sin embargo, si se desea explorar una menor dependencia del exterior será necesario definir en qué sectores y productos es preciso actuar, cuál debe ser el punto óptimo de producción nacional, qué grado de relación debe existir entre las exportaciones y las importaciones, así como que implicaciones tiene ese producto en la configuración de otros sectores.

Por poner un simple ejemplo: la invasión de Ucrania disparó el precio del aceite de girasol. Sin embargo, España tiene unos niveles de producción interna suficientes como para satisfacer el consumo de los hogares y la hostelería. La importación de este producto se destina fundamentalmente a satisfacer las demandas industriales, así como los piensos de la cabaña ganadera. El determinar el nivel mínimo de producción interna que garantice los suministros de aceite de girasol para los niveles de actividad que se consideren mínimos indispensables para todos los sectores que lo utilizan, implica un necesario replantamiento sobre el consumo de piensos en la ganadería intensiva y volver a prácticas menos productivas pero más autosuficientes, y a la vez más sostenibles: la ganadería intensiva y el aprovechamiento de los forrajes naturales. Como vemos, todo está relacionado.

Este nuevo paradigma productivo requerirá la generación de información contrastada y lo más actualizada posible, lo que debe incluir la monitorización constante de los sectores críticos, tanto de producción y como de consumo, en cualquier punto de la cadena de valor. Para ello, las administraciones públicas deberán modificar sustancialmente sus actuales prioridades. A partir de este momento será preciso regular el suministro de datos, trabajar en plataformas que permitan su análisis, tanto individual como de las dependencias existentes entre productos y o sectores, profundizar tanto en su disponibilidad instantánea como en su publicación, de forma que la sociedad civil contribuya a su análisis y detección de posibles puntos críticos, .. Es decir, que la administración pública sea el motor de una nación o economía basada en la analítica de datos, sin importar, y esto es relevante en el caso español, la competencia regulatoria sobre el sector concreto (regulador independiente, estatal, autonómica o incluso local). No se trata tanto de planificación económica, como de análisis y prospectiva.

No nos equivaremos mucho si afirmamos que estamos tan lejos de la implementación efectiva de esa forma de funcionamiento, como que las administraciones públicas no tienen las capacidades técnicas ni el personal para asumir este reto mayúsculo. No nos engañemos, no podemos ni siquiera plantear modificar el actual modelo de producción si no comenzamos fortaleciendo a las administraciones públicas incorporando perfiles que posibiliten esa tarea. Economistas, sociólogos, analistas de datos, especialistas en recogida y publicación de datos, ..., perfiles donde la formación pluridisciplinar es innegociable. Ahora vayan a la Oferta Pública de Empleo y traten de encontrar esos perfiles, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Cuando no es la presencia masiva de perfiles administrativos, es la existencia de cuerpos con unos requisitos de conocimientos estancos y poco actualizados (los técnicos por allí, los economistas por allá, por aquí los abogados, ...). Y todo ello sin entrar a valorar la necesaria actuación conjunta de todos los niveles administrativos según el ejercicio de sus respectivas competencias.

Por último, y no menos importante, pero que dejaremos para otra ocasión, es la constatación de que se avecinan tiempos complejos en lo social. La evidencia nos viene mostrando la necesidad de que las administraciones públicas vengan a paliar en la medida de lo posible los efectos en los grandes afectados por este cambio de modelo, al que se le añade la crisis climática. Ayudas y subvenciones pasarán a ser un elemento esencial en la actividad de las administraciones públicas. Continuar con la actual aproximación basada en la solicitud del interesado y la comprobación administrativa de los requisitos no parece que sea el modelo más efectivo, tal y como nos demuestran los ultimos grandes programas diseñados. Es necesario el diseño de ayudas de concesión automáticas e integradas en las declaraciones fiscales correspondientes y con conocimiento de los programas de todos los niveles administrativos. Otro reto sin interiorizar y que será necesario abordar. 

Lamentablemente, la discusión no debe ser si se deben subir o bajar los impuestos o si la salida de la crisis se consigue con más o menos servicios públicos. La cuestión es determinar cuál es la tarea del estado y el necesario dimensionamiento para abordarlo. Menos trazo grueso y más diseño institucional.