Como ciudadano incómodo que soy, suelo interpelar a las Administraciones Públicas, sobre todo a los Ayuntamientos cercanos a mi domicilio, sobre cuestiones de muy andar por casa (coches mal aparcados sistemáticamente, falta de mantenimiento de las vías urbanas y aceras, habilitación de vías peatonales, ...). En ocasiones, cuando el caso lo merece, utilizo el registro oficial de la Administración Pública correspondiente para realizar una solicitud genérica o incluso me lanzo con peticiones de información al amparo de la Ley de Transparencia.
La experiencia me dice que, salvando las solicitudes relacionadas con la Ley de Transparencia que son contestadas siempre, aunque es cierto que a veces hay que reclamar al Consejo General de Transparencia y Buen Gobierno para recordarles que tienen un plazo que cumplir, las solicitudes que son gestionadas vía registro no solo son respondidas, si no que en la mayoría de las ocasiones, el problema es solucionado (de forma evidente, cuando se trata de algo concreto y no una petición genérica, un deseo de que el mundo vaya mejor). Claramente, parece que tanto al responsable político como al funcionario de turno, le pesa esa solicitud oficial, esa constatación del problema y la posible deriva que se pueda dar por inacción (si me han comunicado que hay una loseta rota en la acera y mañana alguien se cae al tropezar con ella, seguramente podría ser tratado como un agravante la inactividad institucional).
Sin embargo, todas las interacciones vía redes sociales son sistemáticamente obviadas. Parece que las Administraciones Públicas están presenten en dichos medios solo para comunicar sus logros, para establecer una canal de comunicación unidireccional donde el ciudadano no tiene capacidad de proponer temas. Quizá el que estos perfiles sean gestionados por los equipos de comunicación, muy ligados a los representantes políticos y/o de dirección política y ajenos a la vía administrativa y de gestión, sea una consecuencia de ello.
Por ello me planteo si sería necesario el extender la integración de los registros electrónicos a las redes sociales, de forma que a través de las mismas se pudieran realizar asientos oficiales. Así, muchas de nuestras peticiones como ciudadanos deberían ser gestionadas y analizadas, con el riesgo de que si ponemos la "cosa demasiado fácil", las Administraciones Públicas podrían morir de éxito, teniendo que gestionar miles de ocurrencias. ¿Se trata entonces de tener un canal oficial de entrada que desincentive su uso y solo aquellos que verdaderamente estén interesados sean los que lo usen?, ¿eso construye una verdadera colaboración ciudadana?, ¿estamos los ciudadanos preparados para usar los canales de la Administración de una manera cabal o simplemente construiríamos un sistema que se convertiría en una Denegación del Servicio como actualmente sucede con las solicitudes de información al amparo de la Ley de Transparencia?
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