Antes de comenzar el pasado verano, mantuve una charla con Emilio García sobre el impacto de la guerra en Ucrania en las administraciones públicas y más concretamente en su actividad como garantes del normal desarrollo de la economía. De nuestras conversaciones salió un escrito a cuatro manos que por diversas circunstancias no llegó a ver la luz. Entiendo que sus conclusiones siguen vigentes y que por tanto no ha perdido interés, procedo a darle publicidad en este blog.

Administraciones públicas más allá del fin de la historia

Autores: 

Emilio García, Ex Director de Gabinete de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

José Antonio Garcia, Subsecretario del Ministerio de Consumo. 

El sistema parece estar al límite de su resistencia. Aún no recuperados de la crisis consecuencia de la irrupción de la COVID-19, la invasión de Ucrania hace tambalearse los cimientos de un mundo asentado sobre la globalización y las cadenas de suministro distribuidas. El FMI llama a nuevos acuerdos internacionales sobre fiscalidad en una repetición de aquellos emplazamientos a refundar el capitalismo durante la gran recesión del año 2008. A pesar de que puede que todo quede en un nuevo episodio gatopardiano, el mito fukuyumasiano del fin de la historia parece superado definitivamente. Al fondo, se vislumbra el replanteamiento del funcionamiento de las cadenas de producción y de la industria en busca de autonomía estratégica y de soberanía de las naciones y/o áreas económicas.

En un proceso en el que no hay que olvidar, el populismo y la posverdad también intervienen, se ha perdido la fe en el mercado global como único mecanismo de asignación de recursos. Las bondades de la ubicación a lo largo y ancho del globo de cada uno de los eslabones de las líneas de producción también están bajo escrutinio. La escasez inicial de herramientas para combatir la pandemia (e.g. respiradores, mascarillas, …), concatenada con la ruptura post-confinamiento de las cadenas de suministro de elementos claves de la economía (e.g. ciertos alimentos, chips, …), induce a las naciones hacia nuevos paradigmas de funcionamiento que facilite la respuesta rápida y la reconfiguración de los grafos de dependencia interna y externa de sociedad, sector privado y Administración Pública.

La experiencia nos dice que ni España ni ninguno de los países con los que compartimos fuertes nexos económicos y/o institucionales va a abandonar la economía de mercado, ni siquiera a revertir los procesos de privatización de las grandes industrias. No parece, salvo la nunca descartable aparición de una bandada de cisnes negros, que alguna de las principales áreas económicas, en particular la Unión Europea en la que estamos encuadrados cuasi irreversiblemente, vaya a virar el rumbo de forma radical hacia un sistema autárquico. Todo apunta que, tanto en las economías en las que estamos intensamente integrados (Unión Europea, Estados Unidos), como en la nuestra, se propondrá identificar los sectores, servicios y bienes en los que minimizar la dependencia externa. Ese proceso se acompañará con la concreción del punto óptimo de producción interna y el establecimiento de estrategias que eviten las dependencias extremas de una sola fuente en los elementos críticos, incluyendo el replanteamiento de la propia configuración del proceso productivo. 

Por poner un ejemplo simple y concreto: la invasión de Ucrania disparó el precio del aceite de girasol en los lineales de venta al consumidor. Aunque parezca contradictorio, España tiene unos niveles de producción interna suficientes como para satisfacer el consumo de los hogares y la hostelería. Sucede que la importación de este producto se destina fundamentalmente a satisfacer las demandas industriales, así como los piensos de la cabaña ganadera, que ante la falta de suministros optaron por acudir al mercado patrio. Por ello, determinar el nivel mínimo de producción interna que garantice los suministros de aceite de girasol para los niveles de actividad que se consideren mínimos indispensables para todos los sectores que lo utilizan, implica un necesario replanteamiento sobre el consumo de piensos en la ganadería intensiva, así como retornar a prácticas menos productivas pero más autosuficientes y a la vez más sostenibles: la ganadería intensiva y el aprovechamiento de los forrajes naturales. Todo está relacionado.

Este nuevo paradigma productivo requerirá la generación de información contrastada y lo más actualizada posible, lo que sin duda incluye la monitorización constante de los sectores críticos, tanto en la producción como en el consumo y en cualquier punto de la cadena de valor. Se necesitará articular una regulación más intervencionista y exigente en relación con el conjunto de datos que ha de estar disponible en cada sector, regulación que sin duda irá más allá de las tradicionales políticas de reutilización de la información pública. La Administración Pública ha de ser el motor de naciones y mercados basados en la analítica de datos, pero las fuentes de energía de ese motor han de estar tanto en el sector público como privado. Tampoco esas fuentes de energía han de ser de uso privativo para la Administración que tenga la competencia regulatoria sobre cada actividad económica (europea, nacional, regional o local), sino abiertas al uso de toda aquella autoridad que tenga necesidad razonable de la información.

Pero no es tan sólo necesario un cambio regulatorio. Ninguna de las Administraciones Públicas, sean la Comisión Europea, la Administración General del Estado o las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, podrían postularse en el momento actual como motores de este modelo de funcionamiento de naciones y mercados. Simple, y dramáticamente, carecen del conocimiento y de los recursos necesarios. Si nos detenemos en las capacidades de los empleados públicos, son imprescindibles perfiles multidisciplinares, donde se combinen, entre otros, conocimientos de economía, sociología, análisis de datos y tecnologías de la información. Sin embargo, las ofertas públicas de empleo siguen ancladas en el perfil unidimensional, con una demanda excesiva de niveles administrativos destinados a actividades que deberían realizarse de forma automatizada. Y es que también son necesarios más recursos tecnológicos destinados, por ejemplo, a la concesión de ayudas y subvenciones. Otorgarlas sin necesidad de solicitud previa, de forma proactiva, y valorarlas de forma automatizada mediante la aplicación de inteligencia artificial que cumpla los principios de transparencia y auditabilidad. Todo ello sin olvidar la necesidad de un nuevo modelo organizativo que sea capaz de romper los tradicionales silos administrativos que no son útiles para la modelización y planificación de la actividad económica. 

Y sí, finalmente, también hemos de hablar de los recursos económicos necesarios para financiar estas Administraciones. Un fortalecimiento del servicio público necesita de un replanteamiento del modelo tributario, con carácter realmente progresivo. Baste recordar que, por ejemplo, España figura una y otra vez a la cola de los países de la OECD en lo referente al tamaño de su sector público y la presión fiscal. En general, la política fiscal promovida por las instituciones europeas han sido tradicionalmente más protectoras de la baja tributación de las empresas que de una redistribución de recursos hacia servicios necesarios para los más vulnerables o que garanticen una verdadera igualdad de oportunidades.

 Una vez más, el sistema capitalista parece, cuando menos, llamado una nueva mutación a través de la gestión inteligente de los gobiernos centrada en las dependencias en las cadenas de suministro. En este escenario, serán necesarias Administraciones más fuertes, dotadas de las fuentes de financiación necesarias para disponer de los recursos y de las capacidades que permitan a naciones y mercados navegar en las aguas más allá del final de la historia. La brújula que nos lleve hasta allí requiere un nuevo diseño institucional que tenga en el centro a todos los datos generados por instituciones públicas y privadas, así como nuevas regulaciones para la generación y acceso a los mismos. Las grandes multinacionales de la nueva economía ya se han orientado a la explotación inteligente de los datos, no hay por qué aventurar que el sector público no pueda ser capaz de replicar el modelo.