No hay día en el que cualquier medio de comunicación no contenga alguna información referente al futuro de la movilidad. Bicletas, transporte eléctrico, conducción autónoma y "car sharing" en cualquiera de sus múltiples variantes son los temas más frecuentemente abordados.
En relación a la conducción autónoma, me resulta muy curioso ver como la mayoría de estas iniciativas están focalizadas en el impacto del transporte privado, no existiendo casi referencias de administraciones públicas que estén realizando pilotos o estudiando las implicaciones de esta revolución en sus flotas. Y es tanto más curioso cuando vemos que normalmente las competencias del transporte público están delegadas a empresas públicas, que deberían tener un incentivo claro hacia la mejora operativa de sus resultados. Así mismo, es tanto más sorprendente como esas técnicas de conducción autónoma llevan existiendo y aplicándose parcialmente de forma intensiva en ciertos tipos de transporte (lo que denominarnos coloquialmente servicio de metro y cercanías) y sin embargo su uso no ha generado ninguna de las disrupciones que se vislumbran cuando se piensa en su aplicación en los automóviles.
La conducción autónoma del metro/cercanías ya existe desde los años 80 y nos deberíamos preguntar el por qué de la falta de implantación de una tecnología con claros efectos beneficiosos tanto en el plano del servicio prestado como en el económico. No queda otra que señalar lo que tantas veces ocurre en el sector público: la falta de incentivos para acometer procesos de transformación en el ámbito público así como la constante dependencia de las organizaciones del poder político, que con incentivos únicamente electorales es preso de conseguir su reelección por encima de los intereses reales del funcionamiento de las organizaciones públicas.
Implantar un metro o un servicio de cercanías con conducción autónoma chocaría con los intereses de los conductores, colectivo con un indudable poder al que es mejor no enfrentarse y incluso tener relativamente de tu lado para evitar conflictos (en Madrid incluso se amplia la plantilla dentro de un proceso selectivo no muy transparente).
Defender lo público es mirar a largo plazo, es trazar planes económicos que tengan en cuenta la rentabilidad de las inversiones, es priorizar el interés general y es comunicar a la ciudadanía las alternativas existentes y el por qué de las decisiones. Malos gestores son aquellos que transfieren hacia el futuro las decisiones que deberían ser tomadas en la actualidad, mas sabiendo que ni ellos estarán allí para afrontar las consecuencias y que la ineficacia del sistema que dejan en funcionamiento será pagada por todos. Cada vez veo más claro la necesidad de una gestión independiente y profesional de las administraciones públicas; el establecimiento de CEOs que respondan únicamente ante sus accionistas (la ciudadanía) y con la libertad necesaria para establecer los criterios de dirección que consideren oportunos para el buen funcionamiento de las organizaciones.
En relación a la conducción autónoma, me resulta muy curioso ver como la mayoría de estas iniciativas están focalizadas en el impacto del transporte privado, no existiendo casi referencias de administraciones públicas que estén realizando pilotos o estudiando las implicaciones de esta revolución en sus flotas. Y es tanto más curioso cuando vemos que normalmente las competencias del transporte público están delegadas a empresas públicas, que deberían tener un incentivo claro hacia la mejora operativa de sus resultados. Así mismo, es tanto más sorprendente como esas técnicas de conducción autónoma llevan existiendo y aplicándose parcialmente de forma intensiva en ciertos tipos de transporte (lo que denominarnos coloquialmente servicio de metro y cercanías) y sin embargo su uso no ha generado ninguna de las disrupciones que se vislumbran cuando se piensa en su aplicación en los automóviles.
La conducción autónoma del metro/cercanías ya existe desde los años 80 y nos deberíamos preguntar el por qué de la falta de implantación de una tecnología con claros efectos beneficiosos tanto en el plano del servicio prestado como en el económico. No queda otra que señalar lo que tantas veces ocurre en el sector público: la falta de incentivos para acometer procesos de transformación en el ámbito público así como la constante dependencia de las organizaciones del poder político, que con incentivos únicamente electorales es preso de conseguir su reelección por encima de los intereses reales del funcionamiento de las organizaciones públicas.
Implantar un metro o un servicio de cercanías con conducción autónoma chocaría con los intereses de los conductores, colectivo con un indudable poder al que es mejor no enfrentarse y incluso tener relativamente de tu lado para evitar conflictos (en Madrid incluso se amplia la plantilla dentro de un proceso selectivo no muy transparente).
Defender lo público es mirar a largo plazo, es trazar planes económicos que tengan en cuenta la rentabilidad de las inversiones, es priorizar el interés general y es comunicar a la ciudadanía las alternativas existentes y el por qué de las decisiones. Malos gestores son aquellos que transfieren hacia el futuro las decisiones que deberían ser tomadas en la actualidad, mas sabiendo que ni ellos estarán allí para afrontar las consecuencias y que la ineficacia del sistema que dejan en funcionamiento será pagada por todos. Cada vez veo más claro la necesidad de una gestión independiente y profesional de las administraciones públicas; el establecimiento de CEOs que respondan únicamente ante sus accionistas (la ciudadanía) y con la libertad necesaria para establecer los criterios de dirección que consideren oportunos para el buen funcionamiento de las organizaciones.
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