Mucho se habla de la economía del coste marginal cero y de una posible sociedad donde muchos servicios tendrán un coste cero o simbólico. Quizá en el sector de la energía es donde más sueños húmedos tengamos, no solo por las infinitas posibilidades que se generarían si tuviéramos fuentes de energía inagotables a coste cero, si no por la capacidad emancipatoria que daría ese nuevo entorno, desprendiéndonos de la actual servidumbre de estar "enchufados" obligatoriamente a la oligarquía dominante.
En cualquier caso, ¿es aplicable la teoría del coste marginal cero a las Administraciones Públicas? Si nos detenemos en el caso del cobro de tasas para la expedición de determinados certificados, muchos de ellos disponibles para su obtención electrónica, y donde por tanto, la intervención humana no existe dado la automatización del proceso (búsqueda de los datos en la correspondiente base de datos y certificación y firma de los mismos mediante procesos automatizados) resulta paradójico que después de varios años teniendo el servicio activo, el valor de la tasa a abonar siga siendo el mismo.
Si una tasa es el pago que se realiza en contraprestación de un servicio y su coste debe estar ajustado al coste real que soporta la Administración Pública por su entrega, uno se pregunta cómo es que la digitalización de muchos servicios de certificación no han supuesto la disminución o incluso la desaparición de los costes asociados?
Reconozco la dificultad de estimar el coste asociado a expedir un certificado electrónico más allá de los evidentes relacionados con el desarrollo y mantenimiento informático. Costes de mantenimiento y soporte de las infraestructuras y licencias, la mayoría de las veces compartidos con otros servicios. Peor esa dificultad no nos tiene que impulsar a hacer dejación de nuestras funciones y el compromiso con el cumplimiento de la ley. Generar un certificado automatizado sobre el informe de un vehículo a la Dirección General de Tráfico no puede costar casi 10 €.
En cualquier caso, ¿es aplicable la teoría del coste marginal cero a las Administraciones Públicas? Si nos detenemos en el caso del cobro de tasas para la expedición de determinados certificados, muchos de ellos disponibles para su obtención electrónica, y donde por tanto, la intervención humana no existe dado la automatización del proceso (búsqueda de los datos en la correspondiente base de datos y certificación y firma de los mismos mediante procesos automatizados) resulta paradójico que después de varios años teniendo el servicio activo, el valor de la tasa a abonar siga siendo el mismo.
Si una tasa es el pago que se realiza en contraprestación de un servicio y su coste debe estar ajustado al coste real que soporta la Administración Pública por su entrega, uno se pregunta cómo es que la digitalización de muchos servicios de certificación no han supuesto la disminución o incluso la desaparición de los costes asociados?
Reconozco la dificultad de estimar el coste asociado a expedir un certificado electrónico más allá de los evidentes relacionados con el desarrollo y mantenimiento informático. Costes de mantenimiento y soporte de las infraestructuras y licencias, la mayoría de las veces compartidos con otros servicios. Peor esa dificultad no nos tiene que impulsar a hacer dejación de nuestras funciones y el compromiso con el cumplimiento de la ley. Generar un certificado automatizado sobre el informe de un vehículo a la Dirección General de Tráfico no puede costar casi 10 €.
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