Como siempre que hay elecciones, en este caso el gobierno de la nación, para los trabajadores de las Administraciones Públicas supone un momento de esperanza pensar que los nuevos ocupantes del ejecutivo de turno tengan como uno de sus objetivos la reforma integral de la misma desde el punto de vista del trabajador (formación, carrera profesional, reorganizaciones administraciones, búsqueda de la eficiencia y de la eficacia, ..).
El actual ejecutivo ha emprendido durante estos cuatro años, y desde lo que ellos han llamado "espíritu reformista", una reforma que sobre todo ha ido encaminada hacia la reducción del gasto mediante la detección de duplicidades. Así mismo, y desde el punto de vista de las TI, se ha creado una nueva estructura, la Dirección TIC, que pretende ser lo que en el argot se ha llamado "la agencia de servicios comunes TIC". Dejemos para otro día el análisis de los resultados de esta decisión, lo acertado o no de las decisiones tomadas en su diseño, así como los éxitos o fracasos de la implementación de las competencias asignadas.
Las Administraciones Públicas, y centrándonos en la Administración General del Estado (AGE) que es lo que conozco, como toda gran organización, tiene grandes y graves problemas en conseguir un política de gestión del personal que trabaja en ella (funcionarios y laborales fundamentalmente). La diferencia con el sector privado es que en este, y dado que la pervivencia de la organización tiene uno de sus pilares en la política de gestión de recursos humanos, se ha desarrollado toda una "filosofía de gestión del personal" orientada, se supone, a satisfacer los objetivos últimos de la organización.
