viernes, 31 de agosto de 2012

Por mucho que digan, el gasto sanitario no está en 'la nube'

Más allá de la reducción del gasto farmacéutico y la guerra, interesada, de cifras (El gasto farmacéutico descendió en julio casi un 24% frente a El copago reduce las recetas un 7% y el gasto en medicamentos un 6%), y el aporte de las TIC en la consecución de ese objetivo, me ha llamado mucho la atención la medida de la Comunidad de Madrid ha tomado, si bien es cierto que de forma temporal y hasta que en Noviembre o Diciembre se pueda automatizar el proceso, según palabras del Consejero De Sanidad, para asegurar que los pensionistas no abonan en el pago de sus gastos farmacéutico más allá de lo estipulado por la correspondiente normativa.
Podéis encontrar la noticia institucional en la web de la Comunidad de Madrid (CAM) (con su correspondiente vídeo donde aparece la famosa tarjeta) y por aquí transcribo el análisis que ha hecho un medio de tirada nacional -Madrid cobrará a los ‘sin papeles’ las enfermedades infecciosas crónicas-, paso a transcribirla:

Llega la cartulina de los jubilados (El País)

Los trabajadores de los centros de salud madrileños tuvieron ayer mucho que leer. Además de recibir las instrucciones sobre cómo aplicar el real decreto ley 16/2012 que excluye a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia gratuita, llegaron las tarjetas de cartulina con las que la Consejería de Sanidad quiere que los jubilados no tengan que adelantar el coste de sus medicamentos y sus instrucciones de uso.
El paciente tendrá que recoger la tarjeta en su centro de salud a partir del 1 de septiembre y llevarla consigo cada vez que vaya a la farmacia. El farmacéutico anotará lo que va pagando. Al llegar a su tope —8, 18 o 60 euros, según la renta— dejará de cobrarle. El administrativo del centro de salud anotará en la cartulina a mano el nombre, el código de identificación personal, el código del tipo de aportación, límite de aportación y el mes de validez y estampará el sello del centro. El farmacéutico deberá comprobar que el destinatario de las recetas es el mismo que aparece en la tarjeta.
El documento solo tiene validez para un mes —se pueden pedir hasta tres a la vez— y no puede usarse fuera de la Comunidad de Madrid. Es decir, si el paciente va a una farmacia en Castilla-La Mancha, no le apuntarán lo que pague y no contará para su tope. Y si se lo apuntan, no tendrá validez. ¿Qué ocurre si el jubilado pierde la tarjeta? Tendrá que volver a su centro de salud a por una nueva. Sin embargo, como ya no podrá mostrar en la farmacia lo que ha pagado, volverá a contar desde cero.
Las instrucciones que hizo públicas ayer Sanidad recomiendan a los pacientes conservar durante un año las tarjetas, a las que llama “documentos de dispensación” para que puedan “realizarse las comprobaciones que precise la inspección”.

Bien es cierto, que hay que alabar que la CAM haya empleado soluciones inmediatas para intentar minimizar la aportación por adelantado del coste de los medicamentos por parte de los jubilados y su posterior devolución (intentaré no centrarme en que las posibilidades de fraude del sistema -evidentes- son un precio a pagar por evitar el pago por adelantado). Otras CCAA han optado por realizar la devolución a posteriori y otras -Andalucia- han aplicado su sistema automatizado de receta electrónica, que a simple vista si que parece algo más "informático"

Pero permitirme que con esto del verano, de los calores, de la ropa desenfadada, de la relajación de las costumbres, de tomarse todo un poco más a la ligera y con humor, e incluso sabiendo que al final del verano siempre toca llorar, uno pueda dar rienda suelta a su deformación profesional, donde todo aquello que se puede procedimentar, consultar, tratar automáticamente, facilitar el uso y minimizar pérdidas de información, de tiempo o incluso eliminar fraudes, uno ve un sistema de información.

Que en los tiempos en los que estamos, andemos con cartulinas como si fuese la cartilla de racionamiento, no es que se sonroje, es que me salen pústulas. Algo quiere decir, y no me vale con aquello de que en Noviembre/Diciembre tendremos algún sistema más automatizado. En principio que no se disponía de un sistema informático a adaptar para tales menesteres. Y al final, que el tiempo de reacción para poner aplicaciones en funcionamiento no es el que los ciudadanos necesitan.

Estamos de acuerdo que tenemos deficiencias presupuestarias, que ha existido poco tiempo para poder implantar una aplicación informática -que repito parece que se está cociendo-, ... pero salir 'al mercado' con este procedimiento que no aguanta el más mínimo análisis, independientemente de cual sea la óptima a fiscalizar (seguridad, fraude, facilidad de uso, conservación de la información, movilidad, ...).

En estos tiempos que tanto hablamos de nubes, de apps, de soluciones gratuitas, de colaboración público privada, de crowdfunding, de cuatro recién licenciados que desarrollan una aplicación en los meses de verano que luego venden por millones de dólares,  ... las Administraciones Públicas tenemos mucho que aprender de la sociedad civil, donde se aplican muchas soluciones gratuitas (incluso una hoja de cálculo de Google Drive estaría bien) para resolver problemas como el planteado.

Está claro que dichas soluciones no son las óptimas, pero antes de acudir a la escritura cuneiforme o de malgastar el dinero público en millonarias inversiones con muchas de las veces, poco resultado, es necesario quitarse de encima los ropajes de la pureza informática y usar herramientas no tan seguras, no tan confidenciales, no tan ... pero al menos si funcionales.  

Tenemos que ser más imaginativos y dar al ciudadano y al gestor aplicaciones que estén en la misma línea de lo que ellos usan en su vida cotidiana. No puede ser que las AAPP no puedan ofrecer lo que el ciudadano consigue de forma gratuita desde su iOS o su Android. Algo estamos haciendo mal. Quizá la legislación nos obliga a ser muy garantes (seguridad, LODP, interoperabilidad, ..), pero si esas garantías provocan la no prestación de servicios, el no poner en 'el mercado' soluciones a su debido tiempo, la pasividad y la complejidad es que no hemos aprendido nada.

1 comentario:

  1. El argumento que utilizas en el último párrafo, es el mismo que utilizó D. Borja Arsuara director de red.es en II JORNADA ANUAL DEL FORO DE LA GOBERNANZA DE INTERNET EN ESPAÑA” IGF Spain 2012 (http://www.gobernanzainternet.es/), para justificar la necesidad de red.es, y los proyectos por encomiendas para agilizar y reducir los tiempos de ejecución de los mismos.
    La rigidez, exceso de burocracia, lentitud en la respuesta, ... de el sistema de contratación de la Administración Pública no es capaz de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
    A la vista de estas situaciones, parece que como bien dices, que no solo no hemos aprendido nada, sino más bien creemos que no tenemos necesidad de aprender.
    Utilizando tu ejemplo del desarrollo de aplicaciones par smartphones, si el creador de whatsapp hubiera tenido que seguir la tramitación de las AAPP, aún no estaría disponible para su uso.
    En algunos casos tenemos procedimientos y herramientas del siglo XIX aplicadas en el siglo XXI, total solo hay que cambiar un palito de posición.

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