A los ya tradicionales distintos diseños ministeriales que contaban con un número variable de departamentos, circunstancia que tanto o más se debía a la decisión de impulsar y posicionar en un lugar prominente de la esfera pública una determinada política pública, como a la necesidad de integrar las distintas sensibilidades del partido gobernante, esta legislatura que finaliza ha afrontado otras coyunturas que han vuelto a poner de manifiesto la necesidad de replantearse la forma en que se ofrecen los distintos servicios comunes en cada departamento ministerial.
Tanto la conformación del primer gobierno de coalición de nuestra democracia, como la gestión de la COVID19 o las consecuencias de la guerra en Ucrania, sumadas a otras cuestiones prexistentes en la AGE (un descenso significativo del número de efectivos, una alta edad media de los servidores públicos y un alto grado de jubilaciones en el medio y corto plazo, así como una revolución tecnológica circundante todavía pendiente de asimilar e interiorizar administrativamente, tanto en referente a los procesos como en la gestión del personal) han contribuido a que no solo los medios o analistas especializados, si no la propia opinión pública, fuera consciente de las disfuncionalidades en el funcionamiento de los servicios públicos ofrecidos por la AGE en razón de, por poner solo unos dos ejemplos notorios, la ausencia de una atención presencial que guiara al ciudadano siempre temeroso e ignorante sobre los procedimientos administrativos o, simplemente, el aumento significativo de los plazos a la hora de resolver trámites que antes eran mucho más sencillos y comprensibles.
