A cualquiera que esté interesado en esto de la transformación de los distintos elementos constitutivos de nuestra sociedad moderna (ya sean los propios usos sociales, las organizaciones o los mecanismos de creación de valor, servicios o productos) no hay día que no se enfrente a tres o cuatro artículos relacionados con la "transformación digital".
La colonización por parte de las TIC de cualquier ámbito de actividad nos está llevando a un cambio de época (más que estar inmersos en una época de cambios) y las Administraciones Públicas ni deben ni pueden mantenerse al margen si no quieren convertirse en una pesada losa que la ciudadanía tenga que soportar y que impida alcanzar los legítimos objetivos que se plantee.
Así mismo, obviar este necesario proceso de transformación solo socavaría la legitimidad en el uso de las atribuciones que colectivamente hemos delegado en las Administraciones Públicas como garantes de la ordenación de la convivencia, lo que nos retrotraería a tiempos pasados, que necesariamente siempre fueron peores.
Además, es necesario recalcar que posiblemente muchas de las atribuciones que hemos dado a las Administraciones Públicas serían captadas por el sector privado, cuestión que en sí misma no debe calificarse de forma negativa o positiva, pero si es reseñable el mecanismo por el cual obtendría dichas "competencias", alejado de un procedimiento de deliberación y consenso público y basado en la vía de los hechos.
