Verdaderamente, ya casi no existe controversia sobre el uso del software libre versus software comercial, propietario o de venta de licencias, ya que pasado un cierto tiempo desde la creación de ambos paradigmas, los modelos de negocio de ambos se han asentado y la realidad se impone a discursos filosóficos, futuristas o demagógicos. Al menos entre los técnicos, creo yo, tenemos claro que las decisiones sobre si usar software libre o propietario debe hacerse desde un análisis pormenorizado de las soluciones disponibles, del ciclo de vida del proyecto, .. Es decir, intentar realizar un análisis científico de la decisión a tomar, teniendo en cuenta que ciertos imponderables son de difícil cuantificación (que una empresa quiebre, que la compre otra y haga desaparecer la línea de producto o que simplemente lo discontinúe, por poner algún ejemplo de imponderables difícilmente valorables).
Por ello, ¿a qué viene entonces que un aficionado en esto del software libre, tipos de licencias, evolución del mercado, ... le dedique una entrada al asunto?. Pues porque pocas veces veo que se aborde el tema desde algunos puntos de vista que pueden ser enriquecedores. Entre los técnicos con capacidad para decidir la compra, la aproximación que tienen al problema (por lo menos de forma pública, ya que existen otros considerandos personales que no suelen comentarse, como aquellos que prefieren el software propietario para tener un chivo expiatorio para el caso de que el proyecto salga mal, alguien a quién poder presionar o simplemente en quién poder escudarse ante sus mayores y así salvar su puesto de libre designación, que no su honor, ya que ese lo perdieron hace tiempo) es la científica comentada anteriormente, posición que podemos ver reflejada en la entrada que @Lucia_E le dedicó hace un tiempo.
En dicho post se justifica muy razonablemente el por qué la Administración Pública debe ser neutral a la hora de escoger un software u otro, acudiendo al artículo 131 de la Constitución Española ("servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía y desconcentración y coordinación ..."). Claro que lo que no tiene en cuenta es que la Administración Pública también tiene otros "encargos", que pueden hacer que ese art. 131 pueda ser ponderado en su justa medida. Por poner un ejemplo, tiene que cuidar por la seguridad de todos los españoles, velar por conseguir una economía social y de mercado, teniendo capacidad para una planificación de la economía (art. 38). Incluso, como poder público, tiene que velar por la integridad territorial y la seguridad física de los españoles.
¿Qué es lo que no abarca entonces @Lucia_E? Desde el punto de vista de un técnico nada. Pero desde un punto de vista general, como estado, como nación, quizá serían necesarios otros puntos de vista. No me estoy refiriendo al fomento del empleo o de la industria local, ni tampoco a la instauración de una autarquía tecnológica por Ley (me aterran esos políticos que declaran solemnemente -y acudiendo al ahorro como principal motivo- que las Administraciones solo podrán utilizar software libre).
Me refiero a que dejar que los programas con los que ejecutamos nuestras competencias como Administración dependan de decisiones ajenas (y bastardas) a nuestra propia Administración, puede llegar a convertirse en un peligro de seguridad nacional. Basta con ver lo dóciles que son las grandes compañías tecnológicas con el verdadero poder (El malogrado sueño de los disidentes o Doble juego ante la censura) o lo poco transparentes que son (Amazon, Google y Apple, las tecnológicas más opacas). ¿Estamos de verdad seguros utilizando el software que estas compañías -preferentemente estadounidenses- nos proporcionan -en ocasiones con costes elevadísimos y en régimen de monopolio-? En el caso de que quisiéramos ejercer nuestro derecho como pueblo soberano y nuestros actos estuvieran enfrentados con el país de origen de estas multinacionales, ¿estamos seguros de no ser espiados, boicoteados o que directamente dejarían de permitirnos usar su software? (claro que hablar ahora de soberanía con los bancos intervenidos, la prima de riesgo, los hombres de negro, ...)
Por todo ello, ¿no deberíamos tener una política de uso de software a nivel nacional más allá de las decisiones que se pueden tomar a raíz de lo que una matriz de valoración de alternativas me de como resultado? Un país es tanto más libre cuanto menos presionado esté para poder tomar su propio camino. Y entiendo que la práctica real de estas compañías multinacionales no va encaminada a que los países conservemos nuestra soberanía. Si acaso, todo lo contrario. Quizá sería tarea del CIOAGE el definir los ámbitos estratégicos, allá donde es mejor confiar en la humanidad que en el Consejo de Administración de una determinada empresa.
Por cierto, y para acabar con algunas reflexiones que me surgieron al leer el post mencionado anteriormente. Lucia, con la vehemencia que la caracteriza, deja poco espacio a los matices. Como bien dice, quizá muchos de los que preconizan el software libre, lo hagan por envidia o por un simple antiamericanismo. Pero la mayoría, y en esto no se detiene, lo hacen desde una postura bienintencionada o naifs o simplemente iluminada por el objetivo de intentar conseguir una sociedad no basada en el lucro, si no en la cooperación y en el empoderamiento ciudadano. Tampoco pretenden que los programadores no puedan vivir de su trabajo. Si acaso pretenden es que el régimen de propiedad intelectual no mate la innovación, no fomente los monopolios y en última instancia, pretenden elevar la condición humana a algo más que ganar dinero: cooperación, ayuda, internacionalismo, ... Si, en este mundo, son valores de escasa circulación y menos práctica, pero en lo que a mí respecta (y desde la perspectiva de conseguir un mundo más justo), apoyo su moción. Debe ser que paso demasiado tiempo construyendo otro tipo de sociedad.
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