Vuelta la burra al trigo: ¡¡que no me gustan las Agencias!!!

Nos avisaban @victofigue y @raquelponcela que el flamante Ministro de Justicia Gallardón planea, entre otras muchas cosas, como la de fomentar y jalear el corporativismo de los jueces mediante el incremento del número de vocales de Consejo General del Poder Judicial elegidos por y entre los magistrados de la carrera judicial -luego nos dedicamos nosotros, los TIC, a realizar sesudos análisis sobre si debemos ser más o menos corporativistas-, el crear "una Agencia que se encargue de la coordinación de los sistemas informáticos y de comunicación de las distintas administraciones para que todos los datos y registros sean compatibles y estén conectados en red."

Este breve comentario, seguro que auspiciado por la experiencia del Ministro en contar con Agencias de Informática allá donde ha estado (Informática del Ayuntamiento de Madrid y Agencia de Informática y Comunicaciones de en la Comunidad Autónoma -si, se podrá aducir que cuando él ocupaba puesto de responsabilidad en esas administraciones no eran legalmente agencias, pero no dejaban de funcionar como tal: contratos laborales a dedo de cualquier personal, contratación TIC sui-generi, ..., seguro que ya está levantando polvareda en los medios TICs. Que por qué una Agencia sólo para la Justicia, qué cómo se podrá entrar en ella, si estara abiertá a personal laboral o se construirá a partir de las actuales Subdirecciones de Informática existentes en el Ministerio, que si será el germen del #CIOAGE, ...

Pues a mí ese anuncio lo que me provoca es el mismo pavor que cuando en 2.005 el gobierno socialista empezó a fragar la Ley de Agencias. Así que repito sin mover una coma mi análisis, totalmente aplicable eliminando las referencias locales al tiempo de redacción: El gobierno dispuesto a vender la gestión de la actividad administrativa del Estado. Quizá ampliaría o resaltaría:

• lo que de menoscabo al funcionariado significa crear una agencia (entrarán a formar parte de ella personal laboral para ejercer funciones hasta ahora asignadas a los funionarios), 
• las implicaciones respecto de la capacidad para saltarse al actual Ley de Contratos, con lo que se aumenta la discrecionalidad, falta de transparencia, ...
• que como funcionarios TIC o como asociación deberíamos posicionarnos en contra de la creación de cualquier tipo de Agencia de Informática, ya que existen otros caminos más seguros, transparentes y eficientes para conseguir los presuntos fines que proclaman. Pero esto es otra historia que pronto incluiré en dos nuevas entradas: el decálogo del TIC y el decálogo de ASTIC

Artículo Julio 2.005

El gobierno dispuesto a vender la gestión de la actividad administrativa del Estado

La privatización que se nos viene encima: la ley de Agencias

El gobierno socialista del talante y de lo social, supuestamente de izquierdas ya sea por propia creencia, como por su sustento parlamentario (apoyado por fuerzas de tendencias radical-comunistas según denominación del PP), nos ha ofrecido el pasado Viernes 8 de Julio una muestra del camino que seguirá en su gestión administrativa con la aprobación de la Ley de Agencias.

Malvendidas ya las joyas del núcleo empresarial del estado, hecho que ayudó considerablemente a sanear las cuentas del Estado y a crear un emporio empresarial afín a la dirección Popular, la voraz e insaciable clase empresarial ha puesto sus ojos en la actividad estatal. ¿Cómo poder introducirse en la actividad administrativa, origen y destino de cantidades ingentes de masas de capital? El gobierno socialista les ha enseñado el camino: la progresiva privatización de las tareas del estado mediante la creación de Agencias que gestionen tareas de indudable competencia estatal.

La idea, recubierta de una fina capa superficial de buenas intenciones –en palabras de Jordi Sevilla: “El debate público internacional ya no es el de cuánto gasta la Administración, sino si gasta bien o no” (como si la calidad del servicio estuviese reñida con la presencia de Ministerios y funcionarios); o “dotar a los organismos de la Administración de una fórmula organizativa que les conceda un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad para la gestión. Esta flexibilidad se traducirá en el control presupuestario y en la contratación de personal, sometidos actualmente a las rigideces del modelo de funcionamiento administrativo”-, no resiste el más mínimo análisis realizado desde la óptica de defensa de lo público (seguramente la oposición influyente y exigente del grupo parlamentario liderado por Llamazares conseguirá la retirada de esta Ley, porque si no resultará que la defensa de lo público que tanto defiende la organización que lidera se constata en la realidad en el permiso para sacar el estado a manos privadas).

Con frases como las anteriores, lo que denotan estos nuevos gestores es la claudicación ante la necesaria reforma de la Administración -claudicación ya anunciada con el globo sonda de las prejubilaciones de funcionarios no útiles para labores administrativas-, ya que la postura de asignar criterios objetivos y de calidad a las actividades de las nuevas agencias a crear implica necesariamente que esos criterios no pueden ser aplicables a la actividad de la Administración. Luego mientras que por un lado hacen circular el borrador del Empleado Público, por otro realizan acciones que vienen a demostrar que no creen en que la labor del empleado público sea ni mejorable ni auditable y que la llamada a la flexibilización en la gestión de personal presente a las agencias va a suponer una mayor calidad del trabajo necesario, es decir, los funcionarios no realizan un trabajo de calidad porque su propia esencia de funcionarios (inexistencia real de la remoción del puesto de trabajo frente a las relaciones laborales basadas en contratos de trabajo ofrecidas por la agencias) hace que su trabajo sea de peor calidad. A este tipo de actitudes se les conoce como tirar por la calle de en medio: ya que la situación de la Administración Española es irremediable, saquemos las actividades rentables de la Administración al campo del derecho privado, que es ahí donde juegan las agencias, y dejemos que lo que quede se vaya consumiendo, o prejubilando.

Porque en el fondo, lo que se pretende hacer es crear agencias que cubran las actividades rentables que todavía le quedan al Estado. Es decir, crear empresas controladas por el estado y que funcionen en régimen de monopolio. Empresas cuyos beneficios no repercuten en el resto de la sociedad, ya que al ser empresas de derecho privado sus beneficios se quedarán en sus arcas, o los invertirán en bolsa como se demostró que hacía Red.es en la pasada legislatura con los beneficios obtenidos del registro de direcciones de Internet-. Y todo con el respaldo del Estado, ya que si en alguna ocasión es necesario reflotar a alguna Agencia mal gestionada, ya acudirá presto la Administración. O ella misma se aumentará los ingresos mediante la ejecución de las potestades administrativas concedidas. Y todo ello acompañado de la más que presumible utilización por parte de los grupos políticos mayoritarios para situar en sus Consejos de Administración aquellos parlamentarios que ya hayan cumpli do con su periplo de representantes públicos y a los que es necesario buscar un retiro dorado.

Así, vaciando de competencias al Estado, se crearán empresas generadoras de políticas públicas que actuarán al margen del Parlamento. De esa forma tendremos Agencias para soportar la actividad de la CNMV, el BOE, la Cooperación Internacional, Fundaciones Culturales, la Comisión Nacional de la Energía, … En todas ellas, sustentadas por un negocio propiedad de todos los españolas, con capacidades normativas para modificar la estructura de funcionamiento del mercado en que operan, para por ejemplo poder subirse un sueldo que el resto de empleados públicos tendrá que negociar en los convenios colectivos (las tasas por realizar cualquier operación la Bolsa de Valores o el precio de los documentos generados por el BOE serán directamente e independientemente establecidos por estas agencias sin control ninguno), trabajarán una serie de personas elegidas con mayor “flexibilidad” que los empleados públicos –aquello del merito y capacidad pasará a mejor vida-, y gestionarán presupuestos sin verse sometidos a las “rigideces” impuestas por las leyes creadas por la misma clase política que ahora las denosta. Leyes que pretendían ser una garantía de la ecuanimidad y transparencia a la hora de gestionar los fondos públicos y una defensa ante las actitudes arbitrarias de los gestores públicos, es decir, una defensa contra la corrupción.

Por todo ello, estamos ante el primer paso ante la privatización de la propia esencia del estado, vaciando de contenido operativo al mismo y generando una estructural empresarial al margen del control parlamentario, actuando sobre competencias estatales y dotando a dichas empresas de una capacidad de gestión presupuestaria tan grande que será difícil no verlas caer en el futuro en las redes de los favores debidos y corruptelas, baste recordar la actitud de la CNMV con la venta de FG Valores por parte del BBVA.

Señoras y señores, el gobierno de la izquierda plural se presenta en público.