sábado, 29 de enero de 2011

Las TIC y la ley de transparencia: de nuevo una oportunidad perdida para los contratos TIC

Parece ser que el gobierno vuelve a retrasar la promulgación de una ley que permita abrir al público los datos de las Administraciones. Tengo muy claro que esta ley no era nada más que una forma de que el PSOE pudiera ponerse la medalla de seguir la estela del 'líder mundial' en participación ciudadana (http://www.whitehouse.gov/open), y que de ninguna de las formas se planteaba dar información a la sociedad para que esta pudiera realizar un control de las actividades de las administraciones públicas. 

Podía dedicar a este post a cómo hacer esos datos utilizables por los ciudadanos (formatos, facilidad de uso,  ...), pero lo que realmente me interesa señalar que esa ley enterrada no decía nada de algo que a todos los profesionales TICs, de las AAPP o de la empresa privada, nos afecta.  La publicidad de los contratos TIC

¿Cuánto se ganaría si todos los contratos TICs realizados por las AAPP (homologados, menores, concursos, de asistencia técnicas, licencias, ...) tuvieran que ser públicos, accesibles desde un punto centralizado y ofrecidos de forma catalogada?
  1. Ganarían las empresas, a las que se las facilitaría muchísimo ese arduo trabajo comercial para conocer en qué se gasta el dinero, qué empresas están posicionadas, la evolución presupuestaria de cada unidad, ... Incluso podrían conocer la organización interna: quién es el responsable de esto, y quién de lo otro.
  2. Ganaríamos los profesionales TIC de las AAPP, que podríamos conocer qué es lo que hacen otros organismos, con quién lo hacen, cuánto les cuesta, ...
  3. Ganarían los ciudadanos: que no sólo verían en qué se gasta el dinero, si no:
    1. que los grandes contratos en las grandes unidades siempre se adjudican a los mismos
    2. que se gastan cantidades sonrojantes de dinero en hacer lo que otros ya han hecho
    3. que grandes proyectos con inmensas asignaciones presupuestarias cantidades no ven la luz o que si la ven no hacen ni un 5% de las funcionalidades previstas
    4. que muchos contratos no tienen ningún sentido (ni en precio ni en objetivo), y que por fuerza están ocultando otras circunstancias como por ejemplo otros proyectos fracasados que hay que compensar.
    5. se descubriría la farsa por la cual la inversión contemplada en los presupuestos es buena para el país, cuando en lo que a TIC se refiere está encubriendo una necesidad de personal propio de la administración para dirigir, desarrollar y mantener proyectos (a grandes rasgos, un programados externo cuesta anualmente lo que tres funcionarios)
Por todo esto y por muchas más razones, creo que sería fundamental conseguir la publicidad obligatoria de los contratos TICs. Claro está, que no sólo es el gobierno al que no le interesa. Conozco a muchos subdirectores que estarían aterrados si se pudiera auditar de esa manera su actividad.

Os dejo algún enlace interesante sobre el tema:

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